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Multa o corrupción. Por Nelly Cuenca de Ramírez. A propósito del caso de Eva Leal

El decreto 4039, dictado por la gobernadora del estado Lara, ciudadana Carmen Meléndez, en fecha 17 de abril de 2020, mediante el cual se sanciona con multas y detención a las personas y “vehículos” que violen las normas establecidas en dicho decreto, dictado con sujeción al Estado de Alarma decretado por el Gobierno Nacional, cobra mayor interés, porque ha demostrado su fuerza represiva con la detención y agresión salvaje en perjuicio de la abogada Eva Leal, por parte de la agraviante María de los Ángeles Palmera, en la condición de primer teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB),en compañía de otros funcionarios, hechos ocurridos el 23 de junio de 2020, en Barquisimeto.

Los medios de comunicación recogen testimonios y opiniones en los cuales se señala que la detención y agresión contra Eva Leal, se debió a que dicha profesional pidió explicaciones por la exigencia de dinero y la orden de transferir a cuentas mediante pago móvil, así como por la orden de borrar los videos filmados para plasmar las exigencias de los efectivos militares contra el grupo familiar que se trasladaba hacia su casa en El Manzano, en el vehículo en compañía de Eva Leal.

DETENCIÓN Y MULTA

El Decreto 4039 establece en su artículo Décimo Primero que la policía del estado Lara detendrá a las personas que violen el artículo segundo del decreto, para una charla inductiva sobre el Covid 19 y se le impondrá multa de 100 unidades tributarias (UT). En caso de reincidencia, la detención será por 48 horas y multa de 500 UT.

Los vehículos que transiten sin ninguna justificación serán objeto de una multa de 300 UT (Es importante señalar que solo las personas son titulares de obligaciones y derechos según el artículo 19 del Código Civil. Es una aberración jurídica sancionar a los vehículos).

En los casos de incumplimiento de las normas de desinfección, uso de mascarillas y distanciamiento social mínimo de 1.5 mts, los entes públicos y privados pagarán multas  de 10.000 UT hasta 50.000 UT y cierre temporal del establecimiento hasta el pago de la multa. En caso de reincidencia la multa será de 100.000 UT, revocatoria de la licencia de actividades económicas y decomiso de la mercancía para su “venta pública”.

EL ALCALDE, MULTA Y RECAUDACIÓN. El decreto 4039 atribuye la competencia para la imposición de la multa y su recaudación a los alcaldes, previa liquidación de la multa

mediante la respectiva planilla. Los lunes se repartirá lo recaudado así: 40% para la hacienda estadal y 60% para la hacienda municipal.

DESVIACIÓN DE PODER. Nada de esto se cumplió en el caso de Eva Leal, allí hubo absoluta discrecionalidad en el ejercicio del poder y abuso de funciones, porque los funcionarios actuantes en ese procedimiento se apartaron del procedimiento establecido en el decreto 4039, al pretender imponer una multa y recaudarla, sin competencia para ello y mediante un procedimiento distinto al establecido en el citado decreto, utilizando el sistema de prevención del Covid 19, para fines distintos a los legalmente establecidos.

LOS ACTOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN SON NULOS. Establece el artículo 25 de la CRBV que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la CRBV y la ley, es nulo y los funcionarios que lo ordenen o ejecuten, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. En el caso de Eva Leal, es pública y notorio que hubo violación de sus derechos humanos. En una democracia, los responsables son juzgados y sancionados. ¿Habrá justicia?

LEGALIDAD SANCIONATORIA. El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su numeral 6, establece el principio de legalidad sancionatoria. Esto es: todo delito, falta o sanción, requiere ser establecido mediante ley, por tanto no pueden ser establecidos mediante decreto, porque estos no tienen el rango de leyes sino de actos administrativos, de rango sublegal, según el artículo 14 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA). En consecuencia, la privación de libertad, multa, decomiso de mercancía y revocatoria de licencia de actividades económicas, son inconstitucionales, por haber sido establecidas mediante decreto y no mediante ley, aunado al hecho de que la licencia referida solo puede ser suspendida o revocada por la autoridad municipal porque la competencia sobre actividades económicas corresponde a los municipios de acuerdo con el artículo 179: 2 de la CTBV, no a los gobernadores y menos a funcionarios militares.

TRANSPARENCIA. El artículo 141 de la CRBV establece que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en principios de honestidad, eficacia y transparencia, entre otros. Por esa razón, la discrecionalidad es de aplicación excepcional. Lo que priva es el principio de legalidad, establecido en el artículo 137 de la CRBV, conforme al cual todos los actos del poder público deben sujetarse a la Constitución y a las leyes, los cuales, junto al principio de la división del poder público, establecido en el artículo 136 de la CRBV, garantizan, al menos teóricamente, limites en el ejercicio del poder público, para preservar los derechos de las personas frente a posibles excesos de los agentes del Estado.

COMPETE AL ALCALDE. NO A LOS MILITARES. El decreto 4039, en el parágrafo segundo del citado artículo Décimo Primero, atribuye a los alcaldes la facultad para imponer la multa y su recaudación, previa emisión de la planilla de liquidación, por tanto no compete a los efectivos militares imponer sanciones y menos su recaudación en la vía pública.

CONCLUSIONES.

  1. El decreto 4039 es inconstitucional porque los gobernadores no tienen competencia para crear delitos, faltas ni sanciones. Esa es materia que debe ser regulada mediante ley, no mediante actos de rango sublegal, como los decretos, según el artículo 49, numeral 6 de la CRBV.
  2. El incumplimiento de las normas jurídicas referidas, por parte de los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento del régimen de prevención del Covid 19, crea oportunidades para la corrupción, porque concentra el poder en un funcionario, aunado al poder de la discrecionalidad para decidir a quién multa y a quien no y si, adicionalmente, asume la recaudación de la multa en la vía pública, sin la previa emisión de la planilla de liquidación por el órgano competente, en  este caso la autoridad municipal, la mesa queda servida para la corrupción.
  3. Esta aberración debe ser corregida de inmediato, para evitar desviaciones de poder que tengan por objeto el enriquecimiento ilícito y la indefensión de los ciudadanos frente a un funcionarios militares, en el ejercicio monopólico y discrecional del poder, armado y sin límites reglados, como ocurrió en el caso de la abogada Eva Leal, quien siendo la víctima de la golpiza propinada por la primer teniente María Palmera, pasó a ser imputada por ultraje al centinela.

Dra. Nelly Cuenca de Ramírez

Promotora de la Coalición anticorrupción en el estado Lara

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