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«Los venezolanos unidos podemos salvar a la República.» Jesús Jiménez Peraza

6:12 p.m. En la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX, tuvimos la más larga cadena de gobiernos democráticos en toda nuestra historia. Dimos grandes demostraciones de civilidad política, como la alternancia de partidos distintos en el poder; la transición pacífica, no obstante el estrecho margen electoral y la celebración de pactos de gobernabilidad para consolidar el sistema, como los de Punto Fijo y el de Ancha Base.

Nuestras Fuerzas Armadas fueron ejemplo de profesionalismo y subordinación a la ley, no obstante que durante la primera mitad de la centuria, de alguna manera ejerció formalmente el poder, porque los jefes de Estado eran hombres de armas, incluso en la transición democrática entre el gomecismo y la República Civil. Este segmento lo debemos, fundamentalmente, a los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, con el lunar del mandato del también militar Marcos Pérez Jiménez, pero que al ser juzgado y penado por los hechos cometidos durante su gestión, debemos computarlo como un triunfo   del sistema democrático.

A finales de la época de oro, no advertimos algunas manifestaciones de agotamiento que, en consecuencia, exigían revisión y renovación del hecho social. Teodoro Petkoff ([i]) los describe, atinadamente, como tres tañidos de campana desatendidos: el movimiento popular iniciado en 27 de febrero de 1989, conocido como “el Caracazo”; el golpe militar encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez, el 04 de febrero de 1992 y la derrota del bipartidismo, en cuya cabeza estuvo precisamente uno de los jefes políticos, fundador de un partido del estatus y Presidente de la República en aquella etapa, el Dr. Rafael Caldera, momento focalizado en diciembre de 1993, cuando con una coalición  de organizaciones políticas, sin vínculos entre sí ni programa común, logra imponerse en lo que sería el último gobierno realmente democrático, por su origen y desempeño, en los 100 años del siglo pasado.

El siglo XXI se inicia con un Presidente, no demócrata ni tan siquiera en su inicio, a pesar de haberse presentado a una contienda electoral, legítimamente convocada donde obtuvo mayor número de sufragios, porque desconoció la Constitución imperante desde 1961. En efecto, al juramentarse la calificó como moribunda, enervando así su poder de regencia,  a pesar que la vigencia de un texto constitucional es plena, hasta que sea sustituida por otra. Además la reforma se logró en forma poco ortodoxa, en primer lugar, por el mecanismo cumplido, sustentado en una sentencia ambigua de la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa que en ninguna forma admitió constituir el poder popular y luego, por la irregularidad como fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente que debía discutir y proponer la nueva carta magna. Quizás este debate sea intempestivo, porque han transcurrido veinte años, pero la desatinada aplicación de la CN1999 en la actualidad, por los diferentes órganos del Estado, permite su revisión ab initio.

Lo descollante en los dos gobiernos de esta mal llamada Quinta República, son el totalitarismo, el personalismo y el debilitamiento institucional civil y castrense, características contrarias al mandato de las leyes de diferentes jerarquías, que rigen la democracia.

Estas orientaciones, impuestas por las fuerzas del Estado constituido y formal,  son las que han hecho que la inmensa mayoría de la población haya perdido la fe en el sistema democrático, cuyas bases implican la responsabilidad de los gobernantes por las gestiones cumplidas, además de la alternabilidad, que se materializa en las designaciones periódicas de las autoridades, según los lapsos previamente  fijados.

Es imperativo entonces revisar  esta situación de caos institucional en la cual nos encontramos, generada básicamente por la Sala Constitucional, quien ha recurrido a una laxa interpretación de las diversas fuentes del Derecho, para favorecer el régimen  minimizando cualquier vestigio opositor y la organización militar que incumple, sin rubor, su obligación de mantenerse al margen de la militancia política y ajena al servicio  de personas o parcialidad alguna.

La revisión nos obliga a actuar en forma coherente, pacífica y legal, como nos corresponde a los ciudadanos. Los hechos de fuerzas externas e internas no nos atañen, esa es materia de guerreristas, donde seguramente seríamos víctimas también. Así lo registra nuestra historia nacional llena de sangre, hambre y anarquía en el siglo XIX.

En efecto, conforme a la CN1999 debemos renovar la Cámara de Diputados, para lo cual debemos empezar por plantearnos los  antecedentes de los comicios parlamentarios del 2005, 2010 y 2015, tratados en diferentes artículos insertos en este blogs. De allí surgen las funestas consecuencias de la abstención y, si bien no fue respetado el resultado favorable para la oposición en el 2015, ello trajo como consecuencia que el gobierno se quitara su careta democrática, debilitando el estado de Derecho, lo que debería servir  no para fracturar las fuerzas opositoras, que es la evidente estrategia oficialista, sino al contrario, para amalgamarlas  

Indudablemente, si la oposición no se presenta a las Elecciones Parlamentarias del 6 de diciembre del 2020, serán legítimas las tropelías que a bien quiera cumplir el sector oficialista, con el apoyo de los órganos estatales. No podrá ser así si nos presentamos a sufragar, donde seguramente obtendríamos holgada mayoría no obstante las irregularidades antes, durante y después del proceso, a las cuales recurrirá el gobierno.

Creo que un Plan lícito y políticamente inobjetable estaría dado por:

Primero.- Recurrir al sufragio considerando que todos los candidatos del PSUV, de los partidos llamados de la Mesita y de aquellos cuya directiva fue impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros Acción Democrática, Primero Justicia, Copei y Voluntad Popular, representan al sector oficialista.

Segundo.- Solicitar de las agrupaciones diferentes a los anteriores, autorizadas por el CNE para intervenir en los comicios, postular además de sus propios candidatos, a los diputados actuales que así lo acepten, cuyas actuaciones fueron dignas, dentro del marco de la ley y la ética, cualquiera sea su filiación política.

Tercero.- Escoger en cada Región los candidatos de trayectoria limpia, diferentes a los del literal primero.

Cuarto.- Que con posterioridad, dichos candidatos conformen una coalición, dedicada a ejercer los controles constitucionales sobre el gobierno que se correspondan, solicitar interpelaciones a los altos funcionarios públicos y presentar proyectos de leyes para buscar la reinstitucionalización de la República.

Vamos a esperar los nombres de los candidatos postulados por todas las organizaciones políticas, antes de decidir la abstención o la “omisión de voto por razones justificadas”, como está previsto por un inmenso sector nacional y actuar en consecuencia. Dios bendiga a Venezuela!.

Jesús A. Jiménez Peraza. Abogado @jesusajimenezp

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